El drama de ser un anciano víctima del conflicto

Fuente: elespectador.com

La Corte Constitucional estudia un escrito ciudadano que busca proteger y priorizar de manera efectiva las indemnizaciones a los mayores víctimas del conflicto. La Unidad de Víctimas admite que es una población invisibilizada y que se requieren "ajustes institucionales".

La voz de Antonia Palomino se parece a los lamentos de las cantadoras afros. "Yo llegué a Cartagena hace quince años, me vine con mis siete hijos de María La Baja. Yo estoy viviendo en una casita con seis de ellos. La casita me la dio el Gobierno y el Gobierno mismo me la quitará, porque yo ya estoy hasta atrasada en los servicios”, dice en un solo suspiro.

Antonia Palomino, de 63 años, no es única. De hecho, hay por lo menos otras 845.065 personas mayores de 60 años que, según la Unidad de Víctimas, han sufrido algún hecho victimizante. Como ella, entre 2012 y 2015, por lo menos 10.234 personas de la tercera edad se acercaron a la Unidad de Víctimas para preguntar por su situación. El problema es tal que la Corporación Opción Legal, de la mano con la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), interpuso un escrito ciudadano en el que presentó 90 casos de adultos mayores en el país con la intención de que la Corte Constitucional —que ya admitió estudiar la petición— se pronuncie sobre el tema.

La idea, señala Opción Legal, es que el alto tribunal haga un pronunciamiento que reconozca la necesidad y urgencia de indemnizar administrativamente a todos los desplazados del país que sean, a su vez, personas de la tercera edad. En 2014, la Corte señaló en un fallo que para los “adultos mayores en condición de desplazamiento, se presume una condición de vulnerabilidad acentuada”, por lo que así fueron reconocidos en la resolución 090 de 2015 de la Unidad de Víctimas, que establece quiénes son las víctimas más vulnerables. No obstante, Cleiner Almanza, líder de la Mesa de Víctimas de Cartagena, dice que el cumplimiento de esa resolución es casi nulo.

De hecho, entre el 21 de noviembre y el 14 de diciembre del año que acaba de terminar, la Mesa de Víctimas de Cartagena realizó una asamblea permanente en el punto de atención a las víctimas de esa ciudad. Exigían respuestas. Almanza había solicitado, a través de 20 derechos de petición distintos, respuesta sobre las indemnizaciones de igual número de ancianos mayores. Noemí Porras, también representante de la Mesa del Distrito de Cartagena y del departamento de Bolívar, había enviado un documento pidiendo respuestas claras sobre 14 adultos mayores cuya atención era urgente. De ellos, cuenta Porras, ya fallecieron siete.

A pesar de la urgencia, sólo cuando algunas víctimas decidieron bloquear la vía frente al punto de atención, la Unidad de Víctimas, encabezada en la región Caribe por Mileidy Marcela Galeano, decidió sentarse a conversar. La funcionaria le contó a este diario que para la reunión “vino una delegada de la dirección nacional, quien les explicó que el tema de las indemnizaciones tiene una priorización frente a la incapacidad que en este momento se tiene para cumplir con los compromisos con todas las víctimas. Les explicamos que la prioridad no sólo es para víctimas de la tercera edad, sino para discapacitados, madres cabeza de familia y personas con enfermedades terminales”.

En la reunión, las víctimas presentaron un listado de 350 adultos mayores. Entre ellos estaba Antonia Palomino, quien tuvo que irse de María La Baja cuando la gente del pueblo empezó a decirle que mientras ella dormía, con las puertas abiertas y sin marido, pasaban frente a su casa los paramilitares. “Ay madre, yo ya no tenía vida. Nos vinimos cuando empezamos a ver los muertos regados al frente de la casa. Era gente que sacaban de debajo de las camas y la mataban”, dice.

Explica que en Cartagena empezó a trabajar como empleada doméstica, pero que por la edad ya nadie la contrata. Además, dice, no sabe lo que le pasa a su cuerpo: a veces las manos no le responden y aunque en la EPS le dicen que es por la presión, siente que la medicina que le recetaron “no sirve para nada”. En la Unidad de Víctimas le dicen que ya no tiene derecho a más ayudas humanitarias, que debe esperar la indemnización. Para ella, la avanzada edad se ha convertido en un factor de discapacidad, pues le impide “procurar su propia subsistencia y la de su familia”, como lo estableció la Corte en 2014.

No obstante, al preguntarle a Mileidy Marcela Galeano por la forma especializada como atienden a esta población, ella sólo esboza que “dentro de la Unidad tenemos el programa del envejecimiento, que se montó a nivel central para atender a esta población. Son unas jornadas de atención y cuidado al adulto mayor. Como para que no los releguen en sus familias”. Al buscar respuestas por parte de la Unidad de Víctimas a nivel nacional, la entidad le envió a este diario una cartilla en la que se mencionan las iniciativas para la protección del adulto mayor de los distintos ministerios y entidades estatales, como Coldeportes y el Sena.

Eva Navarro, también de 63 años, vive con otro desplazado de 70 en Cartagena. A pesar de que ella tiene cáncer de ovarios, hace dos años le suspendieron las ayudas humanitarias pues, según cuenta, en ese momento le dijeron que su indemnización estaba lista. Cuenta que se desplazó desde Corozal (Sucre) hace quince años, que llegó a Cartagena hace cuatro y que en septiembre del año pasado le dio una hemorragia por las quimioterapias que la dejó en el hospital una semana.

“Yo he hecho el Paari (el examen que evalúa qué tan vulnerable es una víctima) tres veces. El 5 de diciembre de 2015 me llamaron, me atendieron y me dieron un papel en el que me dijeron que me atendían en dos meses. Pero ha pasado un año y nada”, dice. “La aplicación de distintos Paaris que no miden el nivel de vulnerabilidad sino que lo que hacen es retardar el proceso es una constante en esta población”, señala Edna López, abogada de Opción Legal. Asimismo, señala el escrito ciudadano, el desconocimiento de los adultos mayores de sus derechos y la falta de claridad por parte de los funcionarios entorpecen aún más los procesos.

Aun así la Unidad de Víctimas defiende sus acciones. En la región Caribe, dice Mileidy Galeano, entre julio y agosto de 2016 se hicieron “jornadas de formación interna en enfoque diferencial a servidores y servidoras de los Puntos de Atención de Cartagena y Magangué”. Por su parte, el nivel central de la Unidad señala en la cartilla que “el no contar con una oferta amplia e idónea, acorde a las necesidades de las personas mayores víctimas, evidencia que se encuentra invisibilizado el porcentaje de la población víctima mayor y por consiguiente los ajustes institucionales están por realizarse. Se sugiere entonces que las iniciativas incluyan medidas en el marco de la política pública para las víctimas ”.

Los reclamos de las víctimas de la tercera edad se relacionan principalmente con las ayudas humanitarias, la indemnización monetaria y la vivienda que la Unidad debe garantizarles por el desplazamiento forzado que sufrieron. En Cartagena, de los 350 adultos mayores que la Mesa presentó para priorización, la Unidad determinó que por el momento se atenderá a 90. Para las víctimas, eso no es suficiente: “La disminución de la expectativa de vida en este grupo hace que si las indemnizaciones no se dan de inmediato, los estén condenando a que mueran sin acceder a unos mínimos”, señala López. Antonia Palomino lo dice despacio: “No tenemos fuerza, madre. Pareciera que estuvieran esperando que uno se muera para no darle más nada”.